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El primer aspecto que desearíamos destacar es nuestro convencimiento de que la participación no puede circunscribirse al funcionamiento de los consejos escolares. En este sentido, las reuniones de aula, la relación con los padres y alumnos en las tutorías, las fiestas escolares, etc., y, casi diríamos, el conjunto de las actividades de un centro educativo, son ámbitos en los que existe una comunicación de las familias y/o del alumnado con el profesorado, y en los que se puede trabajar para fomentar los vínculos entre los miembros de la comunidad educativa. 

Las relaciones de los padres o los alumnos con el profesorado, en estos ámbitos individuales, son, en general, positivas y provechosas, lo que no quiere decir que no puedan ser mejores. Construir, o crear una cultura de la participación, supone tener en cuenta este concepto en cada uno de los aspectos de la vida de un centro educativo. 

Aunque formalmente existan órganos de participación, no es sino a partir del trabajo sistemático en las clases, en las tutorías, etcétera, que se va creando esta cultura participativa. Un segundo aspecto a resaltar es la constatación del malestar generalizado sobre el funcionamiento de los órganos de participación de los centros educativos, lo que a menudo pone en tela de juicio la propia ley que la regula (LODE). Es posible que el marco legal sea insuficiente, pero también es verdad que seis años es muy poco tiempo para realizar una evaluación de su resultado, sobre todo si tenemos en cuenta los pocos recursos que se han dedicado para su desarrollo. 

A pesar de las deficiencias del funcionamiento de los consejos escolares, debemos considerar los aspectos positivos de la actual organización. Hemos de reconocer que estamos ante los únicos organismos que regulan la participación de la sociedad en un servicio de carácter público. 

Ni la cultura, ni la sanidad, ni los transportes o la circulación —cuestiones que en mayor o menor grado afectan a un conjunto amplio de ciudadanos— poseen organismos parecidos. En tercer lugar, y como consecuencia de la naturaleza de este servicio, se debe tener en cuenta que el ámbito de participación educativo abarca el profesorado, el colectivo de profesionales que realiza un servicio y los padres y alumnos, que son los usuarios del mismo. Es decir, tres sectores, con intereses «diferentes». En este ámbito, cuando nos referimos a la participación como (implicación en el gobierno del centro» y se actúa en representación de colectivos, es frecuente el conflicto de intereses. A menudo, estos conflictos provienen de una falta de clarificación del marco concreto donde el consejo escolar puede trabajar y de un gran desconocimiento de la normativa legal básica. Al margen de este desconocimiento, también es cierto que determinadas normativas sirven más para teledirigir los centros desde la Administración, que para permitir el gobierno desde los estamentos implicados. 

Un ejemplo claro son las mil y una normas que recortan los ámbitos de decisión de los consejos escolares o la exigua capacidad económica y de autonomía que los centros poseen. En cuarto lugar, pensamos que en la medida en que los estamentos gozan de unas estructuras organizativas, y de una dinámica interna de análisis, discusión y elaboración de propuestas, se favorece la corresponsabilización y colaboración en aquello que definimos como espacio común. Entonces podemos decir que el marco escolar se convierte en un lugar de intercambio y de colaboración de la educación de nuestros hijos o alumnos, basados en una claridad de competencias y funciones de los diversos estamentos. Pero veamos el funcionamiento por sectores:

— El profesorado aún tiene excesivas dificultades en constituirse como un equipo cohesionado, con una voluntad educativa común y coherente. El equipo docente es necesario para poder expresar sus intenciones educativas y de esta forma compartirlas y asumir las demandas de otros colectivos. 

La atomización de los centros lleva fácilmente a la defensa corporativa frente a las demandas «externas»; respuesta primaria de temor al descubrirse la debilidad de los planteamientos. — Las organizaciones del sector —sindicatos MRPs, colegios profesionales— no tienen una implantación suficiente como para generar una reflexión asumida colectiva y mayoritariamente sobre estos temas. — Los padres son usuarios de un servicio y partícipes directos de la educación de sus hijos. En general, no sienten excesiva necesidad de participar en el centro educativo. No analizaremos las razones de su debilidad orgánica. En todo caso, resaltamos el papel de las APAs que básicamente han canalizado su trabajo en la reivindicación frente a la Administración y se han centrado poco en la formación de los propios padres y madres, es decir, en los aspectos educativos sobre los que éstos deben incidir directamente. — El alumnado es el sector que participa con más dificultades. 

Los pocos mecanismos legales, la inexistencia de organizaciones que los agrupen —o la debilidad de las existentes—, y el hecho de no desarrollar globalmente los mecanismos de participación en la tarea educativa, contribuyen a este fenómeno. La participación en EGB se reduce a temas secundarios, mientras que en Enseñanzas Medias el tema por excelencia son los conflictos convivenciales. Este conjunto de situaciones influye en la búsqueda de soluciones a esta problemática. Nuestro punto de vista en este aspecto es buscar el aprovechamiento máximo de los mecanismos de participación legalmente establecidos, para generar así situaciones en las que podamos elaborar planes de mejora de la calidad de la enseñanza, de acuerdo con la optimización de los propios recursos. 

El centro educativo es la «célula básica» de la democracia educativa. El impulso de estas dinámicas exige un apoyo institucional, en formación y en recursos. El aprendizaje de una dinámica democrática que va más allá del voto exige muchos medios, y no podemos pretender que se base de nuevo en el voluntarismo. Sólo queremos apuntar, que es el municipio como administración próxima al ciudadano, el que puede y debe colaborar dando apoyo a todas las iniciativas que intenten profundizar y desarrollar estos aspectos.

ALGUNAS PROPUESTAS

— Promover la organización de actividades por parte de los diversos sectores de la comunidad educativa de una forma autónoma e independiente, y también de forma colectiva.

— Asegurar convenios para la infraestructura y el funcionamiento de las asociaciones, no conformarse solamente con subvenciones como contraprestación de servicios.

— Organizar seminarios conjuntos entre padres y madres y profesorado, para los temas de participación.

— Publicar boletines o revistas (a nivel municipal o territorial) de información y difusión general, dirigidas a padres y madres.

— Recoger, en el horario laboral de los docentes, un tiempo dedicado a participación: reuniones con padres, etc.

— Aprovechar las reuniones de aula para trabajar temas educativos con los padres y madres.

— Reformar los mecanismos administrativos para que solucionen los agravios que afecten a los derechos a la educación de todos los alumnos. Creación de la figura del «defensor del niño».